Actualizado miércoles 12/05/2010 19:14 (CET)
Fuente: Diario El Mundo - http://www.elmundo.es/elmu
MARÍA VALERIO
MADRID.- Si el ciudadano debe apretarse el cinturón, a los funcionarios les rebajarán el sueldo y los futuros papás no podrán ya disfrutar del cheque bebé, también la industria farmacéutica se va a ver afectada por los nuevos vientos de crisis. El Ministerio de Sanidad espera ahorrar 1.300 millones de euros adicionales, que sumar a los 1.500 millones de ahorro ya anunciados en marzo por el Consejo Interterritorial de Salud.
Las medidas de ahorro anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en sede parlamentaria [CONSÚLTELAS AQUÍ], también afectarán al sector farmacéutico, tal y como ha explicado en declaraciones a ELMUNDO.es el secretario general de Sanidad José María Martínez Olmos.
"Por un lado, irán destinadas a racionalizar las unidades de dispensación y tamaño de los envases", explica Martínez Olmos, "que era una medida ampliamente reclamada". El segundo pilar de ahorro se basa en una rebaja del precio de los medicamentos no genéricos y sujetos a patente.
Sumando ambas medidas, el Ministerio de Sanidad espera recortar unos 1.300 millones de euros anuales. De ellos, aclara Martínez Olmos, en torno a los 250 o 300 se ahorarrán por un mejor uso de los envases de los medicamentos, mientras que el grueso de la cifra (de 1.000 a 1.050 millones al año) se evitarán gracias a la rebaja de los precios.
Además, como aclara el responsable del departamento que dirige Trinidad Jiménez, con estas medidas no sólo ahorrará el estado, "sino que se calcula que repercutirá también en los bolsillos de los ciudadanos con un ahorro de 51 millones anuales; igual que ya pasó cuando rebajamos el precio de los medicamentos genéricos y sin sujección a patente".
Que este recorte repercutirá en los beneficios de la industria es "indudable", como subraya Martínez Olmos, "pero el estado es su principal cliente y son medidas que van a hacer más sostenible el sistema".
El secretario general de Sanidad también ha descartado la idoneidad de aprovechar la crisis para introducir algún tipo de copago, que obligase a los ciudadanos a pagar por los medicamentos o por los servicios sanitarios. "Porque esto sí habría tenido impacto en la salud, y no podemos dejar a los ciudadanos la responsabilidad de decidir si usan o no los servicios de salud por cuestión de dinero", concluye.
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